El término bitcoin tiene su origen en 2009, cuando fue creada por Satoshi Nakamoto (pseudónimo de su autor o autores), quien la creó con el objetivo de que fuera utilizada para hacer compras únicamente a través de Internet. El mismo documento al que hacíamos referencia anteriormente del Banco de España amplía este objetivo: “Bitcoin nace con ambiciones elevadas: proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas, a bajo coste y que, además, no pueda ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras.

Es una unidad de pago autorregulada sin referencia física ni respaldo de un país, que preserva el anonimato de sus propietarios y cuyas transacciones se realizan a través de internet mediante códigos cifrados y confirmados de manera múltiple por los propios integrantes de la red (mediante la denominada tecnología ‘blockchain’, en la práctica un libro contable o registro compartido de la actividad). El conocimiento de un código te hace propietario de ese activo (criptomoneda). Es una moneda completamente digital. Uno de los aspectos más polémicos es el proceso de creación de bitcoins, lo que ha venido a denominarse minería. En la práctica, ha pasado a ser controlado por pocas manos, la mayoría grupos organizados afincados en Asia. Con el incremento del precio del bitcóin, la rentabilidad del proceso de minería solo es posible en zonas con costes energéticos bajos.

Es seguro invertir en bitcoin, ello indica que los defensores  que ninguna organización ni individuo puede controlar el bitcóin y la red permanece segura aunque no se pueda confiar en todos sus usuarios. En cualquier caso, las firmas de seguridad advierten ante la posibilidad de robo del código a cualquier usuario o los ataques informáticos contra las casas de cambio. Los piratas informáticos diseñan programas para ese robo. Los analistas de Kaspersky divulgaron la identificación del troyano CryptoShuffler hace algunos años, por ejemplo, diseñado para cambiar las direcciones de las carteras de criptomonedas de los usuarios en el portapapeles del dispositivo infectado. Dado que las operaciones realizadas no se pueden anular y es anónimo, cualquier robo de datos no tiene solución. Tampoco tiene solución si se olvida el código personal de la cuenta de criptomonedas.

Ethereum

Ehereum,  es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones. Ether, su criptomoneda nativa, es la segunda más grande del mercado.

La plataforma Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la perspectiva de crear un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas. Ether (ETH), su criptomoneda nativa, es un token que puede ser utilizado en transacciones que usen este software. Como bitcoin, ether existe como parte de un sistema financiero autónomo de pares, libre de intervención gubernamental. También como bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo.

En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de 1$, y en enero de 2018, la criptomoneda tocó su nivel más alto hasta ahora en 1391$. Sin embargo, en octubre de 2020 ether cotiza lejos de su pico histórico para quedar por debajo de los 390$. Su valor se ha demostrado que es volátil, con fluctuaciones frecuentes en el intradía. Aunque esta no sea más que una entre cientos de criptomonedas, es también una de las pocas que tienen una capitalización de mercado significativa, junto a sus dos grandes rivales, bitciin y bitcoin cash.

Funcionamiento de Ether

Ether,  utiliza un libro digital compartido donde se registran todas las transacciones. Es de acceso público, completamente transparente y muy difícil de modificar a posteriori.

Este ‘libro contable digital’ se denomina blockchain o cadena de bloques, y se construye a través del proceso de minería de datos.

Los mineros son los responsables de verificar grupos de transacciones de ether para formar “bloques” y codificarlos resolviendo complejos algoritmos. Estos algoritmos pueden ser a su vez más o menos difíciles, como forma de mantener cierta constancia en el tiempo de procesamiento de los bloques (alrededor de  cada 14 segundos).

Los nuevos bloques se enlazan a la cadena de bloques anterior y el minero en cuestión recibe una recompensa, es decir, un número fijo de tokens de ether. Normalmente son 5 unidades de ether, aunque esta cifra puede verse reducida si la criptomoneda continúa subiendo.

Funcionamiento de Ethereum.

El blockchain de Ethereum es muy similar al de bitcoin, pero su lenguaje de programación le permite a los desarrolladores crear software a través del cual gestionar las transacciones y automatizar ciertos resultados. Este software se conoce como contrato inteligente.

Si un contrato tradicional describe los términos de una relación, un contrato inteligente se asegura de que esos términos se cumplen escribiéndolos en código. Son programas que automáticamente ejecutan el contrato una vez que las condiciones predefinidas se cumplen, eliminando el retraso y el coste que existe al ejecutar un acuerdo de manera manual.

Por poner un ejemplo sencillo, un usuario de Ethereum podría crear un contrato inteligente para enviar una cantidad establecida de ether a un amigo en una fecha determinada. Escribirían este código en la cadena de bloques y cuando el contrato se complete (es decir, cuando llegue la fecha acordada) los ether se enviarán automáticamente.

Alcoins:

Las altcoins nacieron con la firme intención de diversificar y mejorar el ecosistema cripto con opciones más allá del Bitcoin. Se conoce algunas de estas altcoin y como las mismas han enriquecido al ecosistema criptográfico en la actualidad.

Un  altcoin hace referencia a cualquier criptomoneda que no es Bitcoin y que engloba en un mismo término a criptomonedas y tokens. Suele ser un término sencillo usado para destacar que además de bitcoin se admiten/soportan otras criptomonedas. La cifra actual de altcoins es muy difícil de saber debido a la cantidad de tokens que se crear cada mes para financiar diferentes tipos de proyectos.

El desarrollo de altcoins es relativamente sencillo debido a que bitcoin es de código abierto y muchas de las criptomonedas del mercado también lo son. Así que es sencillo obtener su código y realizar los cambios pertinentes para que se adapte a una nueva idea o una concepción ligeramente diferente del proyecto

Abg. Marizabel Fernández Suzzarini

La Dirección General del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), mediante la Providencia Administrativa Nro. DG/2020/007, de fecha 01 de septiembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.022 de fecha 04 de diciembre de 2020, estableció un incentivo a la inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC), de las nuevas pequeñas y medianas Industrias, así como a los nuevos emprendimientos.

Para disponer del beneficio dichas pymes deben cumplir los siguientes requisitos:

• Estar constituidos legalmente desde el 13 de marzo del 2020.

• Manifestar la voluntad de Contratar con el Estado.

• Estar inscritos y habilitados ante el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Es menester traer a colación a qué se refiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de

Contrataciones Públicas cuando define a las pequeñas y medianas empresas:

Pequeño Actor Económico:

• Sujeto: Persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización.

• Objeto: Desarrollar, aun eventualmente, actividades a los fines de la generación, circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de servicios comerciales, y los derivados de actos de comercio.

• Ingresos: Que no superen anualmente un monto equivalente a OCHO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (8.000 U.T.), actualmente OCHO MIL UNIDADES PARA EL CÁLCULO ARITMÉTICO DEL UMBRAL MÁXIMO Y MÍNIMO (8.000 UCAU).

Mediano Actor Económico:

• • Sujeto: Persona jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización.

  • Objeto: Desarrollar, aun eventualmente, actividades a los fines de la generación, circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de servicios comerciales, y los derivados de actos de comercio, que tengan una nómina promedio anual de hasta cuarenta (40) trabajadores.

  • Ingresos: Que no superen anualmente un monto equivalente OCHO MIL UNO UNIDADES TRIBUTARIAS (8.001 U.T.), hasta CUARENTA MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (40.000 U.T.), actualmente, OCHO MIL UNO UNIDADES PARA EL CÁLCULO ARITMÉTICO DEL UMBRAL MÁXIMO Y MÍNIMO (8.001 UCAU) hasta CUARENTA MIL UNIDADES PARA EL CÁLCULO ARITMÉTICO DEL UMBRAL MÁXIMO Y MÍNIMO (40.000 UCAU).

Obligaciones de la Pymes de cargar la información requerida en la página WEB del SNC.

Los incentivos son los siguientes:

• Exoneración del pago del RNC.

• Podrán cargar en el sistema RCN en Línea, las modificaciones de los documentos constitutivos que no hayan podido efectuar por ante los Registros respectivos, los cuales debe coincidir con los registros relacionados con las modificaciones. Esto será sometido a un control posterior para validación de la información cargada.

Auditorías: El SNC podrá efectuar las auditorías a las pymes, cuando lo considere pertinente, pudiendo inhabilitar de forma inmediata y aplicar sanciones, en caso de determinar que se ha suministrado información falsa, inconsistencia en los datos o situaciones análogas.

Vigencia: A partir del 01 septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Octubre 2020

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS PROCESALES

EN CASO DE VARIOS IMPUTADOS

Abg. Marizabel Fernández Suzzarini

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el día 11 de septiembre de 2020, emitió la sentencia Nro.138, la cual tuvo lugar en virtud del avocamiento de la causa penal distinguida con el número BP01-P-2019-002668 seguida, entre otros, contra el ciudadano Tomás Antonio Armas González, ya que consideró que existen suficientes motivos para que el referido imputado sea procesado penalmente bajo un régimen cautelar de libertad.

Dicha sala constató que en los folios 299 al 303 del anexo 2 del expediente, que en fecha 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión Barcelona, le sustituyó al ciudadano Tomás José Eloy Armas Mata la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en su contra el 29 de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión Barcelona, por la medida cautelar sustitutiva contenida en el numeral 9 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal; quien se encuentra procesado igual que el ciudadano Tomás Antonio Armas González, por la presunta comisión de los delitos de Extorsión Agravada, Asociación para Delinquir Agravada y Terrorismo, tipificados en los artículos 16 y 19 (numerales 2 y 4) de la Ley Orgánica contra la Extorsión y el Secuestro; 37 y 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

Por consiguiente, decidió revisar de oficio la medida privación de libertad acordada el 29 de septiembre de 2019 y, en su lugar, decretar dos (2) medidas cautelares sustitutivas, a favor del ciudadano en cuestión, sustentando la referida decisión en el siguiente fundamento:

“Visto que, el solicitante ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ se encuentra en las mismas condiciones procesales que el ciudadano Tomás José Eloy Armas Mata y le son aplicables idénticos motivos al estar siendo juzgados por idénticos delitos; esta Sala Constitucional, en aras de preservar el debido equilibrio e igualdad procesal, así como interpretar de manera uniforme las disposiciones que autorizan la restricción de la libertad, y en garantía con el derecho constitucional a la libertad personal desarrollado a través de su jurisprudencia (vid. Sentencia Nº 727 del 05 de junio de 2012).

Visto que. en el caso sub lite al momento del acto de individualización aportó su domicilio, a saber: Calle IV, Casa N° 12 Urbanización Boyacá II, en Barcelona, Estado Anzoátegui, y máxime cuando la fase de investigación concluyó y fue presentada formal acusación en contra del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, desvirtuándose con ello el peligro a la obstaculización del proceso penal seguido en su contra. Esta Sala Constitucional considera que las resultas del proceso pueden ser satisfechas con una medida de coerción personal menos gravosa, tomando en consideración la presunción de inocencia y el estado de libertad que asiste al imputado de autos. Advirtiéndose que el referido ciudadano es abogado en ejercicio como medio de subsistencia, presentando arraigo en el país, ante la inexistencia en autos de alguna circunstancia que permitan inferir que el referido ciudadano se evadirá del proceso penal seguido en su contra. En consecuencia, teniendo como norte el principio del procesamiento en libertad acogido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, en aras de salvaguardar el principio de celeridad procesal, a tenor de lo señalado en el 250 eiusdem, esta Sala Constitucional REVISA DE OFICIO la medida privación de libertad acordada el 29 de septiembre de 2019 y, en su lugar, DECRETA dos (2) medidas cautelares sustitutivas, a favor del ciudadano TOMÁS ANTONIO ARMAS GONZÁLEZ, de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cedula de identidad N° 13.164.961, profesión abogado, residenciado en la Calle IV, Casa N° 12 Urbanización Boyacá II, en Barcelona Estado Anzoátegui, a quien se le procesa por la presunta comisión de los delitos de Extorsión Agravada, previsto y sancionado en el artículo 16, en concordancia con el artículo 19 (numerales 2 y 4) ambos de la Ley Orgánica contra la Extorsión y el Secuestro; Asociación para Delinquir Agravada y Terrorismo tipificados en el artículo 37 con la agravante establecida en el artículo 29 (numeral 9), y en el artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometidos en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ) del , consistentes en la presentación periódica ante el Tribunal de Control cada treinta (30) días y la prohibición de salir sin autorización del país. Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala notifique, de conformidad con lo señalado en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el contenido del presente pronunciamiento a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, quien procederá de inmediato a ejecutar el contenido del presente fallo, incluyendo la notificación de las partes, el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui, con sede en Lecherías, del Jefe de la División Nacional de Aprehensiones y del Jefe del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). La Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, deberá informar la ejecución del fallo a esta Sala.”

Palabras claves: beneficios procesales, libertad, avocamiento, principio del procesamiento en libertad, principio de celeridad procesal.

Fuente: Micruiuris

Abril 2020

EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES

Abg. Marizabel Fernández Suzzarini

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2004, emitió la sentencia Nro. 172, la cual tuvo lugar en virtud de la interposición de la acción de interpretación sobre el contenido y alcance de los artículos 21, numerales 1 y 2, y 26 de la Constitución.

El contenido de los artículos cuya interpretación fue solicitada son del tenor siguiente:

“Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquéllas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas.

4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.”

“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

La interpretación solicitada radica en el derecho a la igualdad y el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en cuanto a la condenatoria en costas a favor de los Institutos que gozan de los privilegios del Fisco.

En dicha causa, la Sala declaró haber cumplido con la interpretación constitucional solicitada, y en relación al derecho a la igualdad en la condenatoria en costas, señaló lo siguiente:

“… la posición procesal, que es diferente según el puesto que ocupan en él, permite privilegios procesales a favor de algunos litigantes, los cuales pueden no nacer necesariamente de su condición procesal, sino de razones extra-procesales, tal como sucede con los privilegios fiscales que tiene la República, acordados por distintas leyes. Esos privilegios, indudablemente, no corresponden a raza, sexo o credo y, en principio, no menoscaban los derechos y libertades de las personas.

¿Son tales privilegios discriminaciones provenientes de la condición social? Ni la República, ni los entes públicos son personas jurídicas con condición social. Éste es un concepto derivado del puesto que ocupan las personas en la sociedad, pero ni a la República ni a los demás entes jurídico-públicos puede reconocérsele una posición social, ya que ellos están por encima de la sociedad, resultando más bien -en cierta forma- rectores de la sociedad.

La condición social está referida a los seres humanos, y al puesto que ocupan en la sociedad, pero no a las personas jurídicas o a los entes morales. Por ello la Sala concluye que los privilegios de la República o de los entes públicos, en principio, no están prohibidos por el artículo 21 citado, a menos que, injustificadamente, anulen derechos de las personas que, en un mismo plano previsto por la ley y que presupone igualdad, se relacionen con ella.

(OMISIS)

Sólo la Nación, la cual se equipara a la República o al Estado, en la terminología legal, no será condenada en costas.

Ello es así, porque tal posibilidad limitaría la defensa de la Nación (República o Estado) al tener que estar pendiente del potencial vencimiento en las demandas que incoare, y con el fin de evitar tal limitación, se exoneró de costas a la nación, a fin de que ejerza las acciones necesarias para la protección de sus bienes y derechos.

(OMISIS)

… a juicio de esta Sala, es una desigualdad injustificable, que la República, y los entes que gozan de tal privilegio, no puedan ser condenados en costas y, en cambio, sí puedan serlo los particulares que litigan contra ella y resulten totalmente vencidos.

Al contrario de lo señalado, tal posibilidad de condena en costas de los particulares, viene a constituir una traba al ejercicio de su derecho contra la República o los entes públicos con tal privilegio, y esa posibilidad obra como una fórmula disuasiva, en perjuicio del derecho de defensa de las partes (artículo 49 constitucional) e indirectamente en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia (artículo 26 constitucional).

Respecto de la referida desigualdad que se deriva del mencionado privilegio, la doctrina -tanto patria como foránea- ha recogido su percepción así:

*Canova González, Antonio; «Reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano», Ed. Sherwood, Colección Contencioso-Administrativo N° 1, 1998. p.p. 247-248. «(.) Hay que recordar que el proceso, para cumplir totalmente su cometido de justicia, no puede perjudicar a quien tiene la razón; y el privilegio a la República de no ser condenada en costas atenta, en forma frontal, contra ese principio, ya que los particulares, además de encontrarse menoscabados en sus derechos por un ente público que ha incumplido la ley, no obtener de la Administración Pública una respuesta favorable para solucionar extrajudicialmente la disputa y verse obligados de acudir entonces a un tribunal como demandantes para exigir el respeto de sus derechos, tendrían a fin de cuentas, por más que resulten victoriosos, que haber sufragado los gastos que ese proceso, al cual fueron impulsados, les acarreó.

Poca justicia se hace, claramente, cuando el proceso que es el instrumento arbitrado por el Estado para obligar a los miembros de la sociedad a que respeten las reglas jurídicas, ocasiona daños para el que tiene razón y no para la parte que, por violar precisamente tales reglas y menoscabar en consecuencia los derechos de aquél, resultó perdidosa, al fin y al cabo (.)».

(OMISIS)

Por estos motivos, la Sala interpreta que cuando la República o los entes que gozan del privilegio de no ser condenados en costas, obtienen sentencia favorable, no puede condenarse en costas a su contraparte, así ellos hayan dado pie a las demandas en su contra. Esta declaración, la hace la Sala con efectos ex nunc, es decir, a partir de la fecha del presente fallo, el cual debe a su vez ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así, finalmente, se decide.”

El fallo contó con el voto disidente del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz y fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.701 del 26 de abril de 2004.

Este nuevo criterio establecido en el caso Alexandra Margarita Stelling Fernández, fue abandonado en la sentencia Nro. 1.582, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.055.

Palabras claves: derecho a la igualdad, costas procesales, Estado, particulares, privilegios procesales.

Fuente: Microiuris

En la actualidad hemos podido observar constantes cambios en las instituciones fundamentales productos del tiempo y una de ellas es la relación laboral, que trajo como consecuencia el surgimiento de nuevas figuras como el teletrabajo, de la cual nos referiremos a continuación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo define al teletrabajo como una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podía ser realizado en los locales de una empresa se efectúa fuera de ellos, de forma regular.

Así pues, el teletrabajo nace como producto de la flexibilización de la relación laboral concebida en el siglo XX y entre sus modalidades podemos mencionar: el teletrabajo bajo relación de dependencia, el autónomo o por cuenta propia (freelance); individual y colectivo (equipo de teletrabajo), en este artículo puntualizaremos los rasgos característicos del trabajador a distancia bajo relación de dependencia.

Como una modalidad de trabajo a distancia, es indispensable que el trabajador o teletrabajador haga uso de una computadora y otros medios telemáticos y de comunicación, a fin de realizar la prestación del servicio que le encomienda el patrono y seguir los parámetros pautados para su control y subordinación, en razón de una contraprestación.

Esta figura conlleva diversos beneficios tanto para el teletrabajador como para las empresas, entre los que podemos señalar mayor independencia, tiempo libre, flexibilidad de horario, ahorro de tiempo de traslado y disminución de costos para el trabajador y, ahorro de costos en infraestructura, mayor productividad, posibilidad de tener un equipo en distinto lugares e incluso países y menos conflictos laborales para las empresas.

Es menester acotar que es sumamente importante que el patrono proporcione al teletrabajador tanto de los equipos requeridos como de la formación y capacitación necesarias para su adecuado funcionamiento.

De igual forma, es preciso el compromiso y la disciplina por parte del trabajador a distancia, pues a diferencia del trabajador convencional no cuenta en su puesto de trabajo ni con sus compañeros ni su jefe para que le presten colaboración o guiatura, por lo que debe aplicar la metodología o protocolo de trabajo implantado al respecto para lograr su mejor desempeño.

Entre las prácticas más comunes para la comunicación entre el teletrabajador ya sea uno solo o un equipo de teletrabajo y el patrono, se utiliza el correo electrónico, el cual debe ser breve y preciso y; en dado caso que se requiera dar instrucciones más extensas o la solución de algún imprevisto de carácter de urgencia, se suele recurrir a las llamadas telefónicas, dentro del horario laboral que se fije de común acuerdo, evitando el uso de la mensajería instantánea.

Adicionalmente, se estilan reuniones de seguimiento semanales y de evaluaciones periódicas realizadas preferiblemente a través de videoconferencia, para verificar que se han entendido y seguido las directrices dada y medir el avance en la consecución de las metas. Es primordial mantener el contacto con los teletrabajadores y mantener vivo su sentido de pertenencia a la empresa para lograr mayor productividad.

Como posibles herramientas para implementar en el trabajo vía remota, podemos señalar: las metodologías ágiles como scrum, el trabajo en la nube como office 365 y trello, empleadas para visualizar y controlar el avance de las tareas asignadas.

Con respecto a la estrategia de trabajo, es fundamental diseñar y elaborar un protocolo de funcionamiento efectivo y viable, en el cual se debe prever todo lo relativo a las políticas de trabajo, y entre las consideraciones que deben contener podemos mencionar lo siguiente: las herramientas y las metodologías a utilizar, horarios, las comunicaciones e interacciones tanto con los jefes como compañeros de equipo, resolución de situaciones imprevistas y/o de urgencia, tiempos de respuestas en cada caso y evaluaciones.

En cuanto al tratamiento jurídico del teletrabajo, debemos comenzar por establecer que en el teletrabajo bajo relación de dependencia se pueden identificar los elementos constitutivos de una relación laboral como son la prestación de servicio, la subordinación y el salario y, por ende, se debe regir por las normas en materia laboral.

En nuestra legislación laboral no está prevista específicamente la regulación de dicha figura; pero hay quienes lo encuadran dentro de los trabajadores dependientes o subordinados para su marco de protección.

Efectivamente, debido a la falta de adecuación de nuestro cuerpo normativo laboral, hay que estudiar cada caso en concreto, a fin de determinar la presencia o no de los elementos requeridos para la constitución de una relación laboral y de esta forma, ser regulado por el derecho laboral.

Todo ello tomando como fundamento el derecho al trabajo y la libertad del mismo del cual gozan todos los ciudadanos y están previstos tanto en Carta Magna, Ley Orgánica de los trabajadores y trabajadoras (LOTTT) como en el Reglamento de la Ley del Trabajo (RLOT)

De esta forma, los teletrabajadores gozan de los mismos derechos y condiciones laborales que los trabajadores convencionales.

Es pertinente traer a colación que en el año 2016, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), realizó un proyecto piloto con un grupo de trabajadores bajo la modalidad del teletrabajo (Oficina Virtual de Teletrabajo), de esta forma podemos observar un pequeño acercamiento a su implementación por parte del Estado.

Por su parte, tanto Latinoamérica como Europa, han desarrollado la implementación del teletrabajo dentro sus modalidades de empleo, gozando de un sólido marco regulatorio.

En vista de todo lo expuesto podemos concluir, que el teletrabajo es una figura producto de la evolución del hecho social trabajo cuyo comienzo se remonta al siglo XXI en diversos países, pero que en nuestra legislación laboral no está prevista expresamente.

Sin embargo, la modalidad de teletrabajo bajo relación de dependencia, presenta los elementos constitutivos de una relación de trabajo, como son: la prestación de servicio, la subordinación y la remuneración, por lo que debe regirse por las normas laborales venezolanas y los teletrabajadores gozar de los mismos derechos y condiciones de los trabajadores presenciales.

Para su adecuada implementación, es recomendable la elaboración de manuales o protocolos de funcionamiento contentivos de las políticas del teletrabajo, pudiendo tomar como guía el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo.

Por último, en vista de la actual situación mundial que se esta presentando, es cada vez más pertinente y viable el uso del teletrabajo, a fin de lograr una mayor eficiencia del trabajador y un crecimiento exponencial en la productividad de la empresa, lo que se convierte en una ecuación ganar – ganar.

Palabras Claves: teletrabajo, teletrabajador, TIC, OIT, flexibilidad, trabajo, LOTTT, salario, remuneración, subordinación, compromiso, eficiencia, patrono.

Fuente: Microiuris

Marzo 2020

LA PRUEBA DEL PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

Abg. Marizabel Fernández Suzzarini

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de enero de 2020, emitió la sentencia Nro. 00040, la cual tuvo lugar en virtud de la apelación ejercida por Makro Comercializadora, S.A. contra la sentencia definitiva Núm. PJ0662014000016 de fecha 26 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 7 de abril de 2011, por la apoderada judicial de dicha empresa.

En relación a la referida apelación, la representación de Makro alegó lo siguiente: 1) el principio de irretroactividad administrativa por falta de aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; 2) los vicios de inmotivación y de falso supuesto de hecho, al desconocer que la contribuyente de autos es una empresa mayorista y no le corresponde la aplicación de las alícuotas de ventas al detal; 3) la garantía constitucional de no discriminación e igualdad tributaria, prevista en el artículo 21 de la Carta Magna y; 4) el principio de capacidad contributiva al confirmar la aplicación de las alícuotas correspondientes a las ventas al detal.

En dicha causa, la Sala declaró sin lugar el referido recurso de apelación, y en relación al principio de capacidad contributiva, señaló lo siguiente:

“Con respecto al principio de capacidad contributiva, el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela alude, por una parte, a la aptitud para concurrir con los gastos públicos y, por otra, a la capacidad económica de los contribuyentes como medida concreta de distribución de las cargas tributarias. Asimismo, esta capacidad comporta una doble condición que se traduce como causa del deber de contribuir, visto que todo tributo debe obedecer a una determinada capacidad, y como un límite al deber de sostenimiento de las cargas públicas en aras de justicia y razonabilidad en la imposición. (Vid.,fallo Núm. 00114 del 16 de febrero de 2012, caso: Tecnocálculo S.R.L.).

Así, es criterio reiterado de esta Sala que una vez efectuada por el legislador la escogencia del hecho imponible con todos los elementos necesarios para llegar a la determinación de la obligación tributaria, no le corresponde al intérprete escudriñar o deducir más allá de lo previsto en la norma legal, a los fines de determinar si en un caso concreto fueron analizados: (i) la capacidad contributiva del contribuyente y (ii) los supuestos efectos confiscatorios (Vid.,decisiones Núms. 00767 del 4 de julio de 2012, caso: Consorcio Unión, C.A. y 00952 del 1° de agosto de 2012, caso: Terrenos y Maquinarias Termaq, S.A. y Maquinarias Venequip, S.A.).

Es por ello que, con relación a la supuesta vulneración del principio de la capacidad contributiva, observa esta Sala que la representación judicial de la aludida sociedad de comercio se limitó a efectuar una serie de alegatos referentes a esa situación, sin aportar medio probatorio alguno del que efectivamente pudiera constatarse la afectación de su patrimonio por el gravamen pretendido por el mencionado ente político-territorial; frente a lo cual esta Máxima Instancia ha advertido que cuando se alega la violación de un principio constitucional, la parte debe desplegar una actividad probatoria de importancia a los fines de demostrar la procedencia de tal denuncia. Así también lo ha manifestado la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en la sentencia Núm. 00434 de fecha 18 de mayo de 2010, caso: Autocamiones Del Llano C.A., asumida por esta Alzada entre otros, en el fallo Núm. 00351 del 22 de junio de 2017, caso: Wonke Occidente, C.A.

De lo antes expresado, observa esta Superioridad que la parte que alega determinada pretensión o defensa debe presentar los medios para probarla, y por interpretación en contrario, si no son presentados los medios probatorios o los aportados son insuficientes para demostrar lo alegado, no puede ser declarada procedente su pretensión o defensa esgrimida, referida en materia tributaria a la declaratoria de ilegalidad o no del acto administrativo de que se trate, es decir, a desvirtuar la presunción de legitimidad y veracidad que lo reviste.

Así, una vez efectuado el análisis del expediente, pudo esta Sala advertir que la recurrente de autos, promovió en sede judicial, “experticia contable” que abarcó los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, promovida y evacuada en un caso similar contra la Alcaldía del Municipio San Diego del Estado Carabobo, los cuales no demostraron la presunta violación de la capacidad contributiva, derivada de la determinación efectuada mediante la Resolución Núm. 1676 de fecha 17 de enero de 2011, emitida por la Alcaldía Socialista Bolivariana del Municipio Caroní del Estado Bolívar. (Vid., sentencia Núms. 05656 del 21 de septiembre de 2005, caso: Cartonajes Florida, S.A., ratificadas en los fallos Núms. 02431 y 00868 de fechas 7 de noviembre de 2006 y 1° de agosto de 2017, casos: Tovar Compañía Anónima e Industrias Unialfa C.A.).Así se determina.

Por consiguiente, al corroborarse la gravabilidad de los ingresos percibidos por la recurrente por su actividad habitual de ventas de productos al mayor y al detal, el efecto lógico es declarar la improcedencia del argumento de violación de los principios de la capacidad contributiva, y no confiscatoriedad del tributo invocado por la contribuyente de autos (vid., fallo Núm. 00229 del 1 de marzo de 2018, caso: Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda); Así se establece.

En razón de lo expuesto, se declara sin lugar la apelación ejercida por la representación en juicio de la empresa Makro Comercializadora, S.A. contra la sentencia definitiva Núm. PJ6020130000085 dictada el 18 de marzo de 2013 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, la cual se confirma. Así de decide.”

Palabras claves: capacidad contributiva, hecho imponible, obligación tributaria, gravabilidad, pruebas.

Durante ese plazo no será exigible el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan, ni los vencidos a la fecha aún no pagados.b. No será exigible ningún otro concepto pecuniario acordado en los contratos de arrendamiento. Nótese que se trata de una suspensión de pago y no de una exoneración del pago de la obligación del arrendatario.2. Se suspendió la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (referido a las causales de desalojo del arrendatario) por un lapso de hasta seis (6) meses contados a partir de la publicación del Decreto en la Gaceta Oficial (artículo 2).3. Se suspendió la aplicación del literal “A” del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, (causales de desalojo del arrendatario) por un lapso de hasta seis (6) meses contados a partir de la publicación del Decreto en la Gaceta Oficial (artículo 2).4. Se estableció que los arrendadores y arrendatarios podrán acordar términos especiales para el cumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento durante el plazo a que se refiere El Decreto, sin que esto signifique la obligación del pago íntegro de los cánones de arrendamiento y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de esta suspensión (artículo 3).5. Las diferencias que se pudieran originar por la no restructuración del pago de los cánones de arrendamiento serán sometidas a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) en el caso de los inmuebles utilizados como vivienda principal y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) en el caso de los inmuebles destinados a uso comercial.6. Se estableció la no aplicación del Decreto en los siguientes casos (artículo 5):a. Cuando el reinicio de actividades comerciales sea anterior al término máximo establecido en el Decreto (6 meses).b. Cuando se esté en presencia de un establecimiento comercial que por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional esté operando o prestando servicio activamente.7. El Vicepresidente Sectorial de la Economía queda encargado de la ejecución del Decreto (artículo 7).8. El Decreto entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, esto es, el 23 de marzo de 2020.