14 Ago Venezuela está cambiando las reglas del alquiler.
Hay reformas legales que modifican artículos. Y hay otras que intentan modificar el comportamiento de un mercado.
La nueva Ley de Arrendamiento de Vivienda pertenece, en mi opinión, a la segunda categoría.
Se ha señalado la existencia de alrededor de 200.000 viviendas vacías, que podrían incorporarse al mercado, si sus propietarios encuentran condiciones jurídicas, que les permitan asumir el arrendamiento con mayor previsibilidad.
Un inmueble vacío también es capital inmovilizado. Pero hay otra cara que no puede quedar fuera del análisis.
La seguridad jurídica no puede construirse únicamente para quien aporta el capital. También debe proteger a quien ocupa el inmueble y se encuentra en una posición jurídicamente más vulnerable.
El nuevo marco incorpora cambios relevantes: mayor libertad para establecer las condiciones del contrato, posibilidad de pactar el canon en divisas, reducción del depósito y mecanismos de actualización, junto con reglas destinadas a preservar derechos del arrendatario y resolver controversias.
Ese equilibrio es fundamental.
Para el propietario, significa mayor previsibilidad para colocar un inmueble en alquiler. Para el arrendatario, conocer las condiciones económicas y jurídicas desde el inicio y contar con mecanismos para defender sus derechos. Y para el mercado, reducir la incertidumbre contractual.
Aquí está el punto que considero más interesante.
Esta reforma no debería analizarse solamente desde la relación propietario-inquilino. También hay que observarla desde la perspectiva del capital.
¿Qué necesita un inversionista para incorporar activos inmobiliarios venezolanos a una estrategia patrimonial?. ¿Qué condiciones necesita una institución financiera para considerar financiable un proyecto?. ¿Y qué garantías necesita el arrendatario para no quedar expuesto frente a una relación contractual desequilibrada?.
Hay además otro movimiento que merece atención.
El 14 de julio fue aprobada en primera discusión una reforma parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, orientada a flexibilizar determinadas condiciones de los proyectos y favorecer el financiamiento del sector.
Esa reforma todavía está en proceso legislativo y no tiene el mismo estatus que la Ley de Arrendamiento ya sancionada.
Su dirección, sin embargo, merece seguimiento.
Una legislación de arrendamiento más clara y una eventual reforma para facilitar nuevos proyectos podrían contribuir a un mismo objetivo: más oferta, más inversión y un mercado inmobiliario más formal.
La verdadera prueba comienza ahora, con su aplicación. Porque la seguridad jurídica no consiste solamente en tener derechos escritos.
Consiste en que propietarios, arrendatarios, inversionistas, desarrolladores y entidades financieras puedan conocer las reglas, medir sus riesgos y tomar decisiones con mayor previsibilidad.
El capital busca rentabilidad, pero también reglas. El arrendatario busca vivienda, pero también protección. Un mercado sano necesita ambas cosas.
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